La Ley penal del Menor recientemente aprobada en el Congreso extiende las medidas especiales que podrán aplicarse a los menores también a jóvenes de 18 a 21 años, siempre y cuando hayan cometido faltas sin violencia o intimidación, y que las circunstancias del imputado y su grado de madurez lo aconsejen.

Prada dijo, en los pasillos de la sede de los cursos de verano de la Universidad Complutense, que con la enmienda propuesta por CiU y aprobada por el Congreso, "las personas entre 18 y 21 años que han sido condenados pasarían a cumplir esa pena de las prisiones ordinarias a los centros de menores que dependen de las comunidades autónomas".

En este nuevo contexto, denunció que, en la Comunidad de Madrid, más de 250 personas ingresarían en los centros de menores, para lo que no tienen "capacidad para absorver esta circustancia".

El vicepresidente segundo del Gobierno regional señaló que, además de los problemas de capacidad, la reforma supondría un coste de 24 millones de euros para la Comunidad,una carga financiera para la que no tienen "previsto recursos".

Prada se quejó de que la reforma "se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas en general y en especial a la Comunidad de Madrid".

"Además, los brotes de violencia que están creciendo en España y en Madrid en particular son precisamente en los segmentos juveniles, y en este contexto, la Comunidad de Madrid ha pasado de 250 personas en los centros de menores a más de 450 que tenemos hoy", subrayó Prada.

El vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid recordó que la propuesta de reforma de la Ley penal del Menor era "en sentido contraria" al texto que finalmente salió de la Cámara Baja, porque lo que se pretendía en un principio era "que los jóvenes que hubiesen cometido delitos graves", al llegar a la mayoría de edad "pasasen a los centros penitenciarios ordinarios".

A su entender, el que finalmente se variase el contenido de la ley se explica porque "tienen problemas de hacinamiento en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior y quiere traladarlos a las comunidades autónomas".