Según informó el Gobierno madrileño, así lo señaló la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrada esta jornada en el Ministerio de Derechos Sociales.

En este encuentro, Madrid votó junto con otras seis autónomías en contra de la propuesta para modifica el Real Decreto 1051/2013, que regula las prestaciones del SAAD establecidas en la Ley de Dependencia.

“No podemos votar a favor de mejoras en el nivel asistencial de la dependencia sin que vengan acompañadas de un compromiso financiero estatal suficiente, seguro y estable, que se prolongue durante el periodo de vida del dependiente atendido”, afirmó Dancausa.

La consejera madrileña denunció que el Gobierno central incumple sistemáticamente sus obligaciones en la Ley de Dependencia “porque debería aportar el 50% de los recursos y en la Comunidad de Madrid apenas llega al 20%”.

“ENORME RIESGO”

Dancausa subrayó que el supuesto incremento de la financiación propuesto por el Gobierno en esta modificación ya ha sido comprometido para el próximo año por las distintas regiones debido al incremento de dependientes atendidos. Así, el coste extra que supondría esta modificación para Madrid el próximo año, cifrado por el Ministerio en 31 millones de euros, “está muy lejos del coste real, que superará los 50 millones”.

Según el Gobierno madrileño, el texto omite cualquier compromiso financiero más allá del ejercicio 2023, por lo que una posible falta de financiación estatal más allá del próximo año “supondría un enorme riesgo financiero para las comunidades, que tienen que afrontar el incremento del coste de los servicios y el aumento del número de dependientes”.

Por otra parte, la consejería de Dancausa apuntó que el Ministerio de Derechos Sociales ha aceptado la propuesta del Ejecutivo madrileño de crear un grupo de trabajo para abordar la falta de profesionales sociales y sanitarios en el sector de la dependencia.

Para Madrid, el Gobierno reconoce así la existencia de este problema “que lastra cualquier mejora que se quiera realizar en el cuidado a los dependientes”, y analizará el problema para establecer propuestas a nivel estatal y autonómico con la participación de los ministerios implicados, como empleo, educación o sanidad.