El AMTA, dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, se presenta como defensor judicial en procesos de incapacitación de personas que tienen algún tipo de trastorno, enfermedad mental o discapacidad intelectual, y que en la mayoría de los casos carecen de familiares y presuntamente no pueden valerse por sí mismas.

Los abogados de la agencia llegan a personarse en el juzgado hasta una media de seis veces en representación de la persona que se enfrenta a un proceso de incapacitación. Estos profesionales también se encargan de buscar a sus familiares, recabar informes médicos y, junto con los trabajadores sociales de la agencia, ofrecerles una atención social específica para evitar que la situación de desamparo en la que se encuentran estas personas sea la causa de su incapacitación.

Si finalmente el juez dictamina la incapacitación de la persona, ésta pasa a estar tutelada por la Administración regional, que se hace cargo de ella.

La Comunidad de Madrid fue la primera autonomía en poner en marcha un sistema de tutela de este tipo. En la actualidad, este organismo mantiene tutelados a un total de 2.670 adultos que han sido declarados por un juez como personas incapaces de administrar sus bienes o valerse por sí mismas.

La Agencia Madrileña de la Tutela de Adultos de la Comunidad de Madrid da cobertura a todas las necesidades de estas personas, que en la mayoría de los casos se encuentran en una situación de desarraigo familiar, prestándoles una protección integral basada en tres áreas específicas de acción: jurídica, económica y social.