González explicó que esta iniciativa pretende "dar respuesta a una demanda social que cada vez es mayor" y regular una práctica, la mediación familiar, que está "cada vez más extendida en los conflictos familiares".

Asimismo, se persigue que las familias madrileñas resuelvan sus problemas relativos a las herencias, separaciones, divorcios o conflictos con los hijos, al margen de los tribunales de justicia.

En el anteproyecto se exponen los derechos y deberes de los mediadores familiares, que podrán intervenir en este tipo de conflictos cuando voluntariamente lo soliciten las partes y siempre habrán de anteponer los intereses de los menores y las personas dependientes.

Asimismo, se creará un registro único, en colaboración con los ya existentes de este mismo tipo en los colegios profesionales, donde estarán inscritas aquellas personas que reunan los requisitos de ser titulado medio o superior y tengan alguna experiencia en ese campo.

Cuando esté aprobada esta ley, las familias que lo soliciten podrán acceder a estos mediadores profesionales, que deberán resolver los conflictos en un plazo máximo de tres meses ampliables otro periodo similar.

González explicó que estos servicios no serán gratuitos, queel coste de los mismos correrá a cargo de las personas que lossoliciten y que "a aquella persona que no pueda pagar, como hacemos en otras prestaciones sociales, les daremos ayudas, en razón de sus necesidades".