Según informa el Ejecutivo regional, esta decisión supone un espaldarazo a las tesis del Gobierno de Esperanza Aguirre, que el pasado 14 de mayo decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de este servicio en la CNE, al considerar que invadía competencias autonómicas y que estaba exento de motivaciones de urgencia.

El Gobierno regional advirtió de que la apertura de dicha oficina no solucionaría el verdadero problema de los consumidores, "que no es otro que la fuerte subida encubierta de las tarifas de electricidad que ha propiciado el Ministerio de Industria a principios de año".

El Ejecutivo madrileño llevará a la reunión de las comunidades autónomas con el Instituto Nacional de Consumo (INC), que se celebrará el próximo 5 de junio, las cuestiones que están afectando a los consumidores y que ya han provocado una avalancha de cerca de 10.000 reclamaciones.