En su opinión, la consejería, que tiene plenas competencias urbanísticas, no lo permitiría, "porque no estamos de acuerdo con las medidas que puedan atentar al tejido industrial y, por tanto, al desarrollo económico de la región".

Fernández Noriega, que esta tarde compareció ante la comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid, para inforar de la situación de los 500 trabajadores afectados por la regulación de empleo, precisó que la CAM mediará ante la dirección de Iveco-Pegaso y el colectivo de trabajadores afectados para que negocien, con el objetivo de que tengan el menor perjuicio.

Las acciones realizadas hasta la fecha por Economía consistieron en contactar con el Ministerio de Trabajo, la dirección de Iveco y con las centrales sindicales, para buscar soluciones.

Durante su intervención en la comisión, el consejero anunció qe el director de la compañía se ofrece a que los portavoces de cada grupo parlamentario (PSOE, IU y PP) visiten la factoría, donde les explicará la situacion de la empresa y el por qué de las medidas.

Fernández Noriega valoró ese gesto como de "voluntad de trasparencia, por lo que esperampos que las medidas anunciadas no afecten tan duramente a los 400 trabajadores que están en esa situación en la CAM".

Por otro lado, un portavoz de los afectados por la regulación señaló a esta agencia que quiere la mediación de la CAM en el conflicto, "aunque sabemos que no tiene competencias en este asunto".

Recalcó que quieren que interceda ante el ministro de Trabajo y Seguridad Social, "para que atiende el recurso de alzada contra la aplicacion de la regulacion de empleo, aprobada por la direccion provincial del departamento, porque estamos discriminados en cuanto a salario, ya que el resto cobra el 98 por ciento del sueldo y nosotros el 90".

En una reciente carta enviada a Joaquín Leguina, los trabjadores afectados por la regulación le piden que "oblique" a la empresa a mantener el nivel de empleo existente a principios de enero de 1991, "única garantía de que cese la pérdida de puestos de trabajo en la región".

Los firmantes de la misiva, a la que tuvo acceso Servimedia, solicitan del presidente de la CAM su intermediación ante el ministro de Trabajo, "para que en su resolución del Recurso de Alzada corrija la injusta discriminación de que estamos siendo objeto".

"Por último, y como orige de todo este oscuro proceso, pedimos su colaboración para que en el Parlamento de la nación se clarifiquen definitivamente las actuaciones de cuantos intervinieron en la venta de la empresa, los miles de millones de pesetas que dejó de ingresar por este concepto y las verdaderas condiciones pactadas para su reflotación", señalan los autores de la carta.

En 1990, el Grupo Fiat-Iveco se hizo cargo de los centros de trabajo de ENASA, que pertenecían hasta entonces al INI, mediante la venta del 60% de aciones por un importe de unos 1.200 millones de pesetas.

Las factorías de Madrid, Valladolid y dos en Cataluña ocupan a unos 4.800 trabajadores. Tras los expedientes, 400 de los 2.500 de la empresa de Madrid están en situación de regulación.