La sentencia del tribunal se apoyaba en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que establece la gratuidad de la enseñanza para este colectivo, y resolvió que la Universidad Complutense devolviera al demandane "las cantidades indebidamente ingresadas".

Sin embargo, la Universidad Complutense, tras reconocer la sentencia del tribunal y dar la razón al discapacitado, se negó a abonar el importe de la matrícula alegando que la financiación de la enseñanza superior de los minusválidos corresponde al Estado, concretamente al Ministerio de Educación y Cultura.

Según el demandante, Ginés García, "tras cuatro años de proceso, la Universidad actúa con mala fe al reconocer mis derechos y, sin embargo, negarsedevolverme el importe de la matrícula".

García aseguró que "todos los abogados consultados hasta el momento estiman que la resolución de la Universidad carece de fundamento jurídico alguno y consideran que la resolución es una simple decisión arbitraria para detener el proceso y no reconocer el derecho de los minusválidos a la enseñanza gratuita".

El estudiante anunció que recurrirá la resolución de la Universidad Complutense ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que considera que o se trata sólo de una cuestión de índole económica, sino de que se reconozcan los derechos de los discapacitados y se cumpla "una ley que intenta favorecer la integración de este colectivo".