Este dato se desprende del informe elaborado por el Banco de España para el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital cántabra.

El estudio, finalizado el 16 de mayo y conocido hoy, revela que durante los meses de enero y febrero se hicieron efectivos dos talones, uno por valor de 620 millones, contra la cuenta particular de uno de los implicados en el caso, Eduardo Alvarez, en ibertad bajo fianza, y otro contra la cuenta de la empresa Agrícola Ganadera Prieto, propiedad de Alvarez, por valor de 614 millones de pesetas.

La cuenta particular del empresario y la de Agrícola Ganadera conforman, junto a las de Esperanza Prieto, Dionisio García, Oleoneumática Cántabra, Cascos Turitrans, Estación de Servicio "La Granja", Electrónica Astillero y estaciones de servicio "Puerto Chico", una red financiera que permitía a "Pepe el del Popular" realizar asientos contables sin que se sospchase que procedían del banco paralelo que había montado.

"De la documentación analizada", señala el Banco de España en su informe, "es evidente deducir que este grupo (de empresas relacionadas con Eduardo Alvarez) ha estado recibiendo apoyos financieros sin instrumentar como préstamos del Banco Popular".

La investigación del banco oficial revela también que el grupo de empresas operaba en descubierto de forma continuada. Un ejemplo de ello es Cascos Turitrans, que a 31 de diciembre de 1990 regisraba un descubierto cercano a los 129 millones de pesetas.

Descubiertos como este se regularizaban a final de cada mes con traspasos de cuentas corrientes de otros clientes del Banco Popular que, en principio, no tenían nada que ver con el grupo empresarial.