La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) presentó una denuncia en diciembre de 2002 contra estas grandes superficies porque concertaron sus políticas comerciales frente a sus suministradores de bebidas alcohólicas (Allied Domecq, Diageo, Bacardí, Larios Pernod Ricard y Varma), haciéndoles saber que "todos aquellos productos que por su tamaño, costo, valor estratégico e importancia en el índice de hurto así lo justifiquen, deberán ser entregados al canal de distribución debidamente protegidos con etiquetas de radiofrecuencia desactivables de 8,2 Mhz".

El tribunal considera que la implantación en origen de un determinado sistema de seguridad es una decisión que afecta a los costes y las relaciones comerciales de cada distribuidora con sus proveedores y que, por tanto, debe adoptarse con absoluta autonomía respecto al resto de competidores.

A la hora de imponer la sanción, el tribunal ha valorado la importante presencia de mercado de las empresas denunciadas y, al mismo tiempo, que estas empresas cesaron en la imposición del acuerdo denunciado una vez se inició la investigación por parte del Servicio de Defensa de la Competencia, lo que ha permitido que los efectos reales en el mercado hayan sido muy reducidos.