El Servicio de Defensa de la Competencia actuó tras un estudio comparativo de tarifas de autoescuelas realizado por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) en septiembre de 2001, donde se ponía de manifiesto una gran coincidencia de precios entre la mayoría de las academias.

Además, Competencia ha sancionado con 6.000 euros a ocho autoescuelas de Badajoz y cinco de Mérida por aplicar los mismos precios durante un mismo periodo de tiempo.

El Tribunal considera que "la Asociación Provincial de Autoescuelas de Badajoz interviene en la regulación de precios, tanto por sus normas estatutarias (ex Artículos 4 y 43), como por la redacción y difusión entre sus asociados de un contrato-tipo a convenir entre sus asociados y los clientes, en el que figura una Cláusula Quinta 'Precios mínimos recomendados', lo que incide frontalmente en una política de precios concertados".

Para el TDC, es "irrelevante que tal recomendación se haya o no llevado a la práctica, por cuanto en todo caso tal conducta es incardinable en la norma del Artículo 1253 del Código Civil (Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano)".

PRACTICA PROHIBIDA

Esta conducta imputable y norma jurídica, "en el concreto campo de la competencia, constituyen una práctica de las prohibidas por el Artículo 1 de la Ley 16/1989 de 17 de Julio, de Defensa de la Competencia, que sanciona 'no sólo todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto o produzca' sino también 'que pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional'", dice el Tribunal.

En cuanto a las autoescuelas denunciadas de Badajoz y Mérida, Competencia constató que "han aplicado prácticamente idénticos precios en un mismo periodo de tiempo, lo que no es explicable desde la perspectiva de la estructura de costes empresariales, ni por la dimensión de las empresas, ni por las características de los servicios prestados a los clientes, sino derivativos de una política expresa de precios concertados".

Las autoescuelas sancionadas son Ambar, Autopista, Badajoz, Dario, Guadiana, Nasa, Noca y Siglo XXI, de Badajoz, y San José, Emérita, Proserpina, Mérida y Atenea, de Mérida.

El TDC considera, por el contrario, que las conductas seguidas por las autoescuelas Rabazo y Autovía, que operan en San Vicente de Alcántara, "no obstante tener tarifas idénticas para los mismos servicios, deben ser valoradas partiendo de la evidencia que la adopción de éstas lo han sido en fechas muy distintas (nueve meses de diferencia en el 2002), lo que lleva a su no condena".