Según la resolución, a la que tuvo acceso Servimedia, la Junta de Castilla y León atendió una denuncia de dos particulares contra lo que creían un acuerdo de todas las panificadoras de Aranda de Duero, localidad de unos 30.000 habitantes, para subir el precio del pan.

Posteriormente, y tras efectuar 16 inspecciones, la Junta remitió su dictamen al Servicio de Defensa de la Competencia, que avaló el mismo y lo elevó al TDC.

El pasado 2 de marzo, el Tribunal adoptó la mencionada resolución por la que declara probado que las ocho panaderías fijaron en 60 céntimos el precio de la barra de 240 gramos, en dos euros la hogaza (900 gramos) y en 1,15 euros el panete (400 gramos), salvo la panadería La Rosario y los dos revendedores a los que ésta suministra, que lo vendían a 1,10 euros.

Los fabricantes sancionados son Panadería Cebas, La Espiga, Panadería Panaranda, Panadería Sanz, Panadería La Viena, Panadería La Rosario, Angel Arrabal y Panificadora Arandina.