El proyecto reforma la ley de Defensa de la Competencia de 1989 y abre la posibilidad del acuerdo entre partes, siempre que no resulte contrario a los derechos de terceros o al ordenamiento jurídico.

Otro aspecto relevante de la modificación es el nuevo régimen de notificaciónobligatoria de concentraciones económicas por encima de determinados umbrales.

Este sistema es equiparable al vigente en el ámbito comunitario y, según el Gobierno, permitirá dotar a los órganos de defensa de la competencia de un control más eficaz de los procesos de fusión, concentración o acuerdos empresariales.

El proyecto reconoce además al tribunal la facultad de emitir un informe sobre la procedencia y cuantía de las indemnizaciones por daños y perjuicios que tengan que satisfacer a los perudicados los responsables de acuerdos, prácticas y conductas contrarias a la libre competencia.

También introduce el principio de "intervención selectiva" del Tribunal de Defensa de la Competencia. Según esta regla, los órganos de defensa de la competencia podrán decidir no iniciar expedientes de escasa relevancia desde el punto de vista competitivo, con el fin de salvaguardar sus recursos para los asuntos que pudieran afectar de forma más intensa al funcionamiento correcto de los mercados y a los intreses de los operadores económicos y los ciudadanos.