Según detalla la CNC en una nota de prensa, dichas anomalías consisten en acuerdos para la fijación, de forma directa o indirecta, de precios y otras condiciones comerciales y de servicio, en la fabricación y el suministro de dichas bombas para fluidos en el territorio español.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas.

En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de expediente, pues tales conductas restrictivas constituirían una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, considerada como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.