Varias asociaciones de empresarios de gasolineras denunciaron el pasado 27 de febrero ante el TDC que la disposición transitoria primera del menciondo real decreto constituía un "otorgamiento de ayudas públicas" a las grandes empresas de distribución, que tenían así la posibilidad de beneficiarse de competencia desleal.

Según los gasolineros, los requisitos técnicos, jurídicos, urbanísticos y de todo tipo para instalar una estación de servicio son iguales para todos y no cabe que los hipermercados tengan facilidades que no disfrutan ellos a la hora de abrir una nueva gasolinera.

El Tribunal de Defensa de la Competencia, en una providencia fehada el 21 de marzo, no admitió a trámite la denuncia de la Confederación Española de Estaciones de Servicio y de las asociaciones catalana y madrileña de empresarios de gasolineras por un "problema de forma", según señalaron a Servimedia fuentes de Defensa de la Competencia.

Tratándose de una denuncia de ayudas públicas, el TDC no puede admitir denuncias de terceros, sino que únicamente puede actuar de oficio o a instancia del Ministerio de Economía, según el artículo 19 de la Ley de Defensa de la Copetencia. Por eso, en su contestación a los empresarios de estaciones de servicio, Defensa de la Competencia señala que, "no obstante, el Tribunal estudiará si procede, de oficio, emitir un informe al respecto que, en su caso, elevaría al Consejo de Ministros".