Según explica la CNC en un comunicado, dicho informe ha sido emitido a solicitud del Ministerio de Fomento, departamento que ha rechazado fijar este tipo de tarifas tal y como exigían las organizaciones convocantes del paro de transportistas.

En el estudio, Competencia advierte de que, en la actual situación, si la fijación de las tarifas del transporte de mercancías por carretera se adoptase mediante una conducta colusoria de los operadores económicos presentes en el mercado, la CNC reaccionaría persiguiéndola como infracción muy grave para su adecuada sanción.

En el caso de que se adoptase por medio de una norma jurídica, la CNC aclara que estaría legitimada para impugnarla ante la jurisdicción contencioso-administrativa o, incluso, a inaplicarla si resultara contraria al Derecho Europeo de la Competencia.

Asimismo, en cuanto al carácter económico, la CNC considera que, en un entorno liberalizado como es el del transporte de mercancías por carretera, el establecimiento por vía normativa de una tarifa mínima generaría pérdidas de eficiencia económica en relación con un escenario de libre mercado, en tanto que impide la competencia entre operadores en la variable competitiva principal del servicio: el precio.

Además, advierte de que esta distorsión de la competencia no sólo tendría un grave impacto, sino que además el mismo sería generalizado, dado que el transporte de mercancías por carretera constituye un input necesario para gran parte de los sectores de la economía.

Señala también que esta medida perjudicaría igualmente a la eficiencia asignativa, en la medida en que protege a este sector frente a otros que también se han visto afectados por el alza de los precios del combustible.

Por todo ello, concluye que la fijación de tarifas mínimas resultaría además ineficaz, porque, entre otras cosas, la principal razón por la que los transportistas no pueden repercutir en precios el alza en sus costes es su menor poder negociador y éste no variará por el hecho de imponer un precio mínimo.

La experiencia de otros sectores, según la CNC, revela que los clientes (en este caso las empresas que demandan servicios de transporte), si tienen poder negociador frente a sus proveedores, consiguen repercutirles por otras vías el incremento en costes que la implantación de la tarifa mínima les supone.

Según la CNC, la fijación de tarifas superiores a aquellas a las que conduciría el libre juego del mercado, lejos de favorecer el ajuste de la oferta del sector, resta incentivos al mismo y en un contexto de exceso de oferta la fijación de precios mínimos puede ser además un acicate para la economía sumergida.

Por último, la CNC indica que la medida no resulta proporcional, ya que existen otras medidas menos lesivas para la competencia que se podrían adoptar, y supondría un retroceso en el esfuerzo liberalizador que se ha venido desarrollando en este sector en los últimos años.