Según este proyecto de ley, los bienes adquiridos por leasing no podrán ser amortizados en el período de duración del contrato del arrendamiento financiero, como ocurría hasta ahora, con lo que pierde la caracteristica de amortizción acelerada, que según la asociación es su principal atractivo.

El presidente de AEL, José Ramón Fernández Bugallal ha presentado hoy ante los medios de comunicación un panorama aparentemente desolador. A sus juicio, con esta norma se elimina el interés de esta fuente de financiación, especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas, que pueden obtener a través de ella plazos de amortización más largos y una cobertura del cien po cien de la financiación.

Las compañías de leasing aportaon en los últimos diez años un volumen de financiación de 8 billones, con una media de importe por operación de tres millones de pesetas.

Estas entidades de financiación quieren pesionar sobre los grupos parlamentarios de cara al trámite parlamentario del proyecto de ley. En este sentido confían especialmente en las enmiendas que pueda presentar Convergencia i Unió, que, según han manifestado, ha mostrado gran sensibilidad hacia esta cuestión por los perjuicios que podría ocasionar a las pequeñas y meianas empresas.

Fernandez Bugallal ha acusado al Gobierno de impulsar esta desaparición de la amortización acelerada por razones estrictamente recaudatorias. El Ministero de Economía ha cifrado la pérdida de recaudación que provoca la amortización acelerada en 50.000 millones de pesetas, según las informaciones que les han facilitado los técnicos del ministerio.

AEL rebaja esta cifra hasta 4.000 millones de pesetas. Además, afirma que el Ministerio no tiene en cuenta las bases imponibles que se cean mediante las inversiones con leasing que ahora pueden desaparecer.

Como conclusión, AEL plantea que se modifique el proyecto de Ley del Impuesto de Sociedades con el fín de mantener el acual regimen tributario, considerando que como operación financiera se debe amortizar durante la vida del contrato.

Igualmente proponen el mantenimiento de la deducibilidad fiscal de las cuotas y la introducción de una norma para que el arrendatario financiero pueda beneficiarse de los incentivos fiscales a lainversión en igualdad de condiciones que quienes utilicen otra fórmula de financiación alternativa.