El sastre Antonio Fernández Garay denunció a la compañía de seguridad C.F.S., propiedad de Claudio Fernández Subisaga, por el impago de la factura de confección de 5 uniformes para los agentes de seguridad, por un importe total de 286.409 pesetas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrución número 6 de Santander dictó el pasado 4 d febrero una orden de embargo de las pistolas y la caja de seguridad de la compañía.

Fuentes consultadas en este juzgado informaron que, aunque el material y los efectos de la caja están en poder de la empresa de vigilancia, el embargo es efectivo y se está a la espera de que en los próximos días se dicte una sentencia firme sobre el caso.

Según indicaron a Servimedia fuentes cercanas al sastre santanderino, además de los uniformes, ya entregados, la compañía de seguridad C.F.S. manifestó su inteción de adquirir más trajes en el mismo establecimiento, motivo por el cual Antonio Fernández adquirió un partida de tela por un precio superior a las 500.000 pesetas.

Las mismas fuentes señalaron que en distintos juzgados de Santander se están siguiendo otras causas contra esta compañía de vigilantes jurados, también por impago de facturas, concretamente una por un importe total de un millón de pesetas, extremo este que no ha podido ser confirmado.

En los próximos días, los abogados del sastre slicitarán del juzgado que instruye el sumario que embargue también la nómina que C.F.S. debe percibir del Ayuntamiento de Santander por los servicios prestados desde el pasado 13 de abril, día que comenzó a prestar servicio en el consistorio santanderino.

Fuentes de la empresa de seguridad manifestaron que desconocían las acciones legales emprendidas contra la compañía, siendo infructuosas todas las gestiones realizadas para localizar a su propietario, Claudio Fernández Subisaga.

Según las fuente consultadas, C.F.S. cuenta en la actualidad con 15 agentes en distintos servicios de vigilancia en Santander, 4 de ellos destinados en el Ayuntamiento.

Otras fuentes consultadas por Servimedia en el Cuerpo Nacional de Policía de Santander, donde se lleva el registro y seguimiento de las compañías de seguridad, informaron que C.F.S está siendo investigada desde hace algunos días, aunque no precisaron si este control se debe a irregularidades de la empresa o están motivados por las denuncias existentesen los juzgados.

La contratación de C.F.S. por parte del Ayuntamiento de Santander el pasado 13 de abril provocó varias protestas por parte de los sindicatos con representación en el cosistorio.

Fuentes municipales informaron en su día que la medida, adoptada sin concurso previo y por recomendación oficial, tiene su origen en una carta de la Delegación del Gobierno en Cantabria para que las instituciones de la región reforzasen la seguridad en los edificios públicos, con el fin de prevenir atentaos terroristas.

Los sindicatos protestaron al considerar que esta función debería ser ejecutada por miembros de la Policía Municipal y no por una empresa privada.