Así lo pone de manifiesto en un informe elaborado por su Servicio de Estudios, titulado "El pacto de competitividad y el futuro de la economía española".

Los responsables de la Cámara defienden la privatización de las empresas públicas que actúan en mercados competitivos y de los antiguos monopolios o servicios públicos susceptibles de gesión privada.

Otra medida que, en su opinión, mejoraría la competitividad de la economía española es la plena desregulación de sectores como el transporte aéreo y por carretera, las telecomunicaciones, los servicios postales y el sector energético.

Según la Cámara que dirige Adrián Piera, estas actividades, cuya participación en el total de la inversión nacional se sitúa en torno al 15 por ciento, tienen un nivel de regulación en España que es muy superior al existente en el resto de los países dela OCDE.

La Cámara propone también la descentralización de la negociación colectiva, como única forma posible de ligar los salarios a la productividad. Jusfica esta medida en que cada empresa y sector tienen sus problemas.

Además, esta institución madrileña cree que para hacer más efectivo el pacto de competitividad es necesario introducir reformas en la Administración pública, para disminuir costes y mejorar su gestión, reducir "sustancialmente" los tipos de la imposición directa y aumentarlos e la indirecta y reformar la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Sobre esto último, el informe de la Cámara denuncia la falta de conexión entre ingresos y gastos en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Insiste en que esta desconexión debe ser eliminada, introduciendo topes fijos a las aportaciones estatales a las haciendas territoriales y estableciendo principios de federalismo fiscal, de manera que quien quiera gastar más se vea obligado a subir los impuestos.

FAVRABLE AL PACTO DEL GOBIERNO

Para la Cámara de Comercio de Madrid, el pacto de competividad presentado por el Gobierno "contiene un conjunto coherente de medidas destinadas a elevar la productividad de la economía española y a facilitar su transición hacia la unión económica y monetaria europea".

La Cámara considera que con esta iniciativa el Gobierno ha elaborado, por primera vez desde 1983, un programa económico global a medio plazo dirigido no sólo a actuar en el lado de la demanda, sino tambié en el de la oferta. A juicio de esta institución, "no se trata sólo ni principalmente de un acuerdo sobre salarios, sino de un proyecto de mayor calado y trascendencia".

El documento del Ejecutivo, en su opinión, "rompe con el falso y viejo axioma de que es posible cambiar inflación por empleo más allá del corto plazo y apuesta por una baja tasa de inflación como cimiento más sólido para lograr un crecimiento estable y sano de la economía española".

La Cámara asegura que, aunque el pacto de comptividad no impedirá "aplicar las tijeras" al presupuesto, "sí hará más suave tanto la intensidad como los efectos de adoptar esa medida". En el terreno presupuestario, considera que el Gobierno dispone de un amplio abanico de posibilidades para reducir la presión del gasto público sin provocar efectos sociales regresivos.

Finalmente, el informe de la Cámara de Comercio de Madrid se refiere a la recomendación gubernamental de que los dividendos de las empresas crezcan en el mismo nivel que los salarios con el fin de moderar las rentas empresariales.

Esto, en opinión de los responsables de la institución madrileña, "es innecesario, porque ya lo están haciendo por debajo". Concluyen afirmando que de aplicarse esta medida, no tendría efecto relevante alguno sobre el incremento del ahorro empresarial y, sin embargo, podría sembrar inquietud en los inversores nacionales y extranjeros.