El informe de AI, que se refiere a los años 1991 y 1992, señala que los cuerpo de seguridad del Estado torturan e inflingen malos tratos debido a la legislación vigente en España relativa a la detención en régimen de incomunicación, y que debería ser revisada para ajustarla a las obligaciones que ha contraído nuestro país en virtud del artículo 11 de la Convención contra la Tortura.

Igualmente, AI denuncia en el informe que las investigaciones emprendidas en nuestro país contra los que torturan son lentas, así como que el Gobierno ha promocionado profesionalmente a agentes procsados aunque estuvieran inhabilitados por la justicia.

El informe señala que en 1991 el número de miembros de la Guardia Civil y la policía acusados de infligir malos tratos aumentó. Cifras publicada por el Ministerio del Interior indican que en ese año se iniciaron 171 procedimientos judiciales relacionados con denuncias de malos tratos contra 392 funcionarios policiales, 132 más que el año anterior.

En 1991 también se iniciaron dos procedimientos judiciales relacionados con denuncias de tortura contra un total de siete agentes de la policías.

Según el informe de AI, titulado "España, Tortura y Malos Tratos: Resumen de las Preocupaciones de AI", señala que esta organización ha recibido numerosas denuncias relativas a 1991 y 1992, la mayoría relacionadas con agentes del orden que han usado deliberadamente y sin justificación la violencia física y han llegado, en ocasiones, a la tortura.

Estas acusaciones, muchas de las que han sido respaldadas por pruebas médicas y forenses, proceden de ersonas detenidas bajo sospecha de haber cometido delitos penales comunes, de pertenecer o de colaborar con bandas criminales armadas o grupos terroristas.

El informe añade que los malos tratos más frecuentes revisten la forma de puntapiés, puñetazos, golpes con porras u otros instrumentos como guías telefónicas, simulacros de ejecución, aplicación de descargas eléctricas, uso de bolsas de plástico para causar asfixia y abusos sexuales.

CINCO DIAS DE INCOMUNICACION

A juicio de AI, estas práctics son posibles por la suspensión de ciertos derechos y garantías procesales fundamentales que autoriza la legislación española y que violan las normas internacionales para la protección de personas sometidas a detención o prisión.

Se refiere a los artículos 520 bis y 527 que suspenden ciertas disposiciones contempladas en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que permiten mantener a una persona incomunicada hasta cinco días sin permitirle nombrar a un abogado de su elección, ni entrevstarse con él en privado hasta que la orden de incomunicación haya sido levantada por el juez, ni consultar a su abogado antes de hacer declaraciones.

Igualmente, considera que las investigaciones emprendidas en España sobre denuncias de malos tratos han sido muy lentas, o se aplican penas muy pequeñas que luego no se cumplen, como el caso de los cinco guardias civiles que fueron declarados culpables de torturar a Joaquín Olano en 1983.

Estos recibieron penas de cárcel que oscilaron entre dos y iete meses, cuando las penas inferiores a un años y un día normalmente no conllevan encarcelamiento, y a pesar de que fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos por siete años, no se les suspendió de sus funciones, sino que permanecieron en activo hasta ser indultados en 1991.

En otros casos, dice AI, los agentes que son declarados culpables siguen desempeñanmdo importantes cargos e, incluso, son ascendidos, como el caso del comandante de la Guardia Civil Rafael Masa, condenado a seis años y unmes de inhabilitación en 1991 y que desde entonces fue ascendido a teniente coronel, ha servido como consejero en la embajada de España en Bolivia y en la Secretaría de Estado para la Seguridad.

En otra ocasiones, los propios agentes que son objeto de denuncias obstaculizan las actuaciones judiciales.

Entre los casos de tortura que el informe de AI menciona, figuran las 50 personas sospechosas de colaborar con el "Comando Vizcaa" de ETA, los dos turistas detenidos en Ibiza, Mohamed Mahmoud AmerHegazy y Emad Raed Shibli, el equipo de rugby Los Expatriates que fue atacado por la policía municipal de Benidorm o el sindicalista de UGT Antonio Copete González.