Aunque el Pleno del Congreso aprobó dividido la norma (166 votos a favor, 158 en contra y 16 abstenciones), los grupos políticos de la Cámara reconocieron que durante el trámite parlamentario hubo un trabajo de consenso en el que se contó con aportaciones de todos ellos.

Por lo que se refiere al deporte de personas con discapacidad, el acuerdo ha sido “unánime”, según el CPE y el Cermi. El Comité Paralímpico Españo y las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad participaron en el proceso de elaboración del proyecto de ley trabajando de manera coordinada con el equipo del Consejo Superior de Deportes (CSD) durante los años en los que ha venido gestándose esta nueva norma que sustituirá a la actual Ley del Deporte, vigente desde 1990.

Todas las sugerencias planteadas por el CPE contaron con el acuerdo y el respaldo del Cermi y de las federaciones españolas de deportes de personas con discapacidad.

Una vez iniciado el trámite parlamentario, se trasladó a todos los grupos políticos una serie de enmiendas sobre asuntos que quedaban pendientes de mejorar y la recepción de estas propuestas fue “absolutamente satisfactoria”, según el CPE y el Cermi.

El Comité Paralímpico Español celebró reuniones con media docena de grupos parlamentarios y, finalmente, todas las enmiendas planteadas desde el movimiento paralímpico fueron introducidas en el texto aprobado en el Congreso.

En su intervención ante el Pleno del Congreso, el portavoz socialista, Juan Luis Soto, destacó que la nueva ley es una norma “única en el mundo” en cuanto al reconocimiento de los derechos e igualdad de oportunidades de los deportistas con discapacidad y agradeció expresamente el trabajo y las aportaciones realizadas por el Cermi y el CPE.

La nueva norma, que aún debe ser refrendada por el Senado, marca que la promoción del deporte practicado por personas con discapacidad es “el segundo gran eje de impulso de las políticas en materia deportiva”, tras el referente a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el ámbito del deporte.

La ley obliga a que los estatutos de las federaciones deportivas prevean la existencia de una comisión de deporte de personas con discapacidad para promover la práctica de la modalidad deportiva correspondiente entre estas personas, preferentemente con un enfoque inclusivo, además de luchar contra situaciones de discriminación por razón de discapacidad en el ámbito de cada federación.

INTEGRACIÓN

El texto también apuesta por “la integración de todas las personas deportistas en estructuras organizativas comunes”, como “una herramienta de cohesión, abriendo la vía a la participación en los órganos de gestión y de gobierno”. Así, se fomenta que las federaciones “puedan instrumentalizar modelos de integración para personas con discapacidad, de manera que a ellas se incorporen todas las personas que practican una misma modalidad deportiva”.

Esta integración de las modalidades de personas con discapacidad en la federación deportiva española será “obligatoria” cuando así se haya hecho en la correspondiente federación internacional. Y “se hace extensiva a las federaciones autonómicas, que no podrán integrarse en la correspondiente federación deportiva española si no dan cumplimiento a dicha integración en su respectivo ámbito territorial”.

No obstante, en el caso de las modalidades que actualmente están incluidas en las federaciones deportivas para personas con discapacidad, el proceso de integración deberá contar obligatoriamente con el acuerdo ratificado por las asambleas de las federaciones de origen y destino. Mientras este proceso no se produzca, las federaciones españolas de deportes para personas con discapacidad tendrán garantizada por ley su existencia y desarrollarán las modalidades y especialidades deportivas que estén contempladas en sus estatutos.

En cuanto al deporte paralímpico, la nueva Ley del Deporte dedica un capítulo específico a los Comités Olímpico y Paralímpico conjuntamente. Reconoce la importancia de su labor “y garantiza la igualdad de ambos en el ejercicio de sus funciones, así como en lo relativo a sus obligaciones y derechos”. Al CPE se le define como “una asociación sin fines de lucro, dotada de personalidad jurídica, cuyo objeto consiste en el desarrollo del Movimiento Paralímpico y la difusión de sus ideales”.

Apunta que “el Comité Paralímpico Español es declarado de utilidad pública” y establece la protección de sus elementos representativos: “La explotación o utilización, comercial o no comercial, del emblema o símbolos paralímpicos, las denominaciones ‘Juegos Paralímpicos’, ‘Paralimpiadas’ y ‘Comité Paralímpico’, y de cualquier otro signo de identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, queda reservada en exclusiva al Comité Paralímpico Español. Ninguna persona jurídica, pública o privada, podrá utilizar dichos emblemas y denominaciones sin autorización expresa del Comité Paralímpico Español”.

El texto introduce una novedad en las funciones del CSD, ya que marca que habrá de “establecer políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en las personas con discapacidad, en colaboración con el resto de administraciones públicas, con las federaciones deportivas españolas y con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, manteniendo una visión transversal de las necesidades de estas personas en todos los ámbitos del deporte”.

FINANCIACIÓN

Además, se establecerán “líneas específicas de subvenciones y otras vías de financiación” con el fin de “dotar a las federaciones deportivas españolas de los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas” en la ley con referencia al deporte de personas con discapacidad.

En este sentido, especifica que los Programas de Desarrollo Deportivo -el instrumento por el que las federaciones deportivas españolas y el CSD acuerdan los objetivos, programas deportivos, forma de financiación y estructuras de sus modalidades- deberán “reflejar necesariamente las modalidades practicadas por personas con discapacidad” y “consignarse un presupuesto específico para dicha modalidad de personas con discapacidad”.

La nueva ley recoge el “mandato a los distintos poderes públicos” para que las instalaciones deportivas “cumplan, como mínimo, los estándares de accesibilidad universal, con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan disfrutar, en régimen de igualdad, de las instalaciones deportivas, además de que se respeten las normas esenciales de seguridad y sostenibilidad”, y añade que “dichos estándares deberán tener en cuenta las especificidades del material deportivo que utilizan las personas con discapacidad”.

Las referencias a la discapacidad en esta nueva Ley del Deporte suponen la culminación del trabajo realizado en el Libro Blanco del Deporte de Personas con Discapacidad en España, elaborado por el CPE, el Cermi y la Fundación ONCE, que sirvió como material de partida para plantear una agenda normativa que en muy buena medida ha quedado recogida en el texto. "Desde el Comité Paralímpico Español queremos agradecer enormemente a todas las personas que han intervenido en este proceso su trabajo y su colaboración, demostrando una vez más que entre todos es posible", concluyó el CPE.