En una resolución, el comité señaló que el hecho de que por el momento, y sin fecha definida de implantación, no se prevea la desconexión de la programación territorial de TVE, "vulnera el actual marco jurídico de RTVE y contradice lo expresado por el Consejo de Expertos para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado".

"Además, sitúa en un grave riesgo la continuidad de dichos centros y de los puestos de trabajo", según la representación de los trabajadores, que cree que debe revisarse, sobre todo, la no inclusión en los canales digitales de las emisiones de Radio 4 y Radio 5.

El comité cree que, detrás de estas decisiones, existe una política de la Dirección de RTVE de "acabar o empequeñecer la estructura territorial de RTVE, mediante la toma de decisiones que por la vía de los hechos y al margen de la negociación y la ley lo que hacen es modificar el modelo de RTVE".

El CGI de RTVE presentará un escrito al Parlamento y al Gobierno Español, donde explicará con detalle el alcance y consecuencias "lesivas" que, a su juicio, esta medida tiene para RTVE y la sociedad española, pues, "si algo está en juego, aparte de mas de 1000 puestos de trabajo, es el papel de cohesión y capacidad de interconexión territorial que juega RTVE en el Estado Español y en las diferentes C.C.A.A. que lo componen".

En otra resolución, el comité informa que ha decidido dirigirse a la Presidencia de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, para rebatir las "mentiras" expresadas por la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, en su última comparecencia parlamentaria del año 2005, en relación con la situación de la negociación del XVII Convenio Colectivo del Grupo Público RTVE.

"En sede parlamentaria, y no es la primera vez, la señora Caffarel faltó a la verdad cuando afirmo que la paralización de las negociaciones del XVII Convenio Colectivo de RTVE se deben al abandono de los sindicatos UGT y APLI de la mesa de negociación", señala. El comité dice que ha sido la direccción la que ha eludido las conversaciones.

El comité también aprobó otra resolución en la que denuncia el no cumplimiento de una proposición no de ley aprobada en el Parlamento, para regularizar la situación de los trabajadores contratados en RTVE.

En relación con el conflicto surgido con el Gobierno de la Generalitat valenciana a raíz de la información contenida en el programa "Informe semanal" sobre política urbanística en esa comunidad autónoma, el comité se pronuncia por rechazar la pretensión del Ejecutivo autonómico "de decidir y censurar las informaciones que produzca TVE y de mantener una política de chantaje permanente sobre la cesión del edificio de Hispavisión en Paterna, incompatible con los intereses del servicio público, la independencia informativa y el beneficio de la sociedad valenciana".