Una vez adoptada por el Comité de Ministros, la convención será el primer tratado internacional sobre delitos criminales cometidos a través de Internet y otras redes informáticas, en particular sobre la violación de los derechos de autor, fraudes informáticos, pornografía infantil y seguridad.

También contiene una serie de sistemas de procedimiento, incluyendo la búsqueda e intercepción de sistemas informáticos. El objetivo principal, definido en el preámbulo, es la adopciónde una política común "dirigida a la protección de la sociedad contra el cibercrimen, mediante la adopción de la legislación apropiada y el fomento de la cooperación internacional".

El borrador de la convención es el resultado de cuatro años de trabajo de expertos del Consejo de Europa y de otros países, como Estados Unidos, Canadá o Japón. Los borradores anteriores se sometieron al escrutinio del debate público, permitiendo a proveedores de acceso a Internet, organizaciones de derechos civiles, acadéicos y expertos independientes que aportaran sus contribuciones al texto.