Este proyecto apoya la aplicación del principio de subsidiariedad, solicitando una mayor libertad de actuación a los estados miembros en la repartición de los presupuestos asignados, de acuerdo a las necesidades específicas de cada región.

En el caso de las ayudas por paralización definitiva, el CESE solicita su reasignación a fines distintos de la pesca, como su exportación a terceros países y a sociedades mixtas, así como criterios más equitativos para calcular el nivel de ayuda pública correspondiente a los desguaces.

De igual forma, el dictamen reclama ayudas para la formación continua de los pescadores, para la modernización de buques pesqueros, así como el mantenimiento de las ayudas para la constitución y funcionamiento de las organizaciones de productores.