La nueva recomendación general actualizará la Recomendación General nº 18 sobre mujeres con discapacidad. Aunque otras recomendaciones generales (RRGG) del Comité CEDAW ofrecen algunas orientaciones a los estados partes a este respecto -como la RG nº 33, sobre el acceso de las mujeres a la justicia (2015); la RG nº 35, sobre la violencia de género contra la mujer (2017); la RG nº 36, sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación (2017); la RG nº 38, sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial (2020), y la RG nº 40, sobre la participación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de decisiones (2024), entre otras-, explica la entidad que "es necesario adoptar un instrumento actualizado y consolidado que pueda ofrecer directrices a todos los países de manera eficaz para garantizar que cumplen sus obligaciones con respecto a la CEDAW y para promover, proteger y ejercer los derechos humanos de las mujeres y las niñas con discapacidad".

Como pusieron de manifiesto numerosas organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Cermi Mujeres, Women Enable International, Equality Now y la Alianza Internacional de la Discapacidad, a pesar de estos avances, la consideración de las mujeres y las niñas con discapacidad desde un enfoque plenamente respetuoso con sus derechos humanos y libertades fundamentales sigue sin resolverse.

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la Resolución A/HRC/RES/47/15, de 2021, expresaba su profunda preocupación "por el hecho de que las mujeres y las niñas con discapacidad estén sujetas a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y violencia, tanto en la esfera pública como en la privada, incluidos el hogar, la familia, la comunidad, el mundo laboral, la escuela, los contextos digitales y las instituciones", y señalaba "la necesidad urgente de abordar todas las formas de violencia y discriminación contra ellas".

El procedimiento para la elaboración de esta nueva recomendación general, que llevará varios años, estará abierto a la participación de todas las partes interesadas (Estados, mecanismos de derechos humanos y agencias especializadas de Naciones Unidas, sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, academia...) a través de consultas globales y regionales que deberán ser accesibles e inclusivas.