Lo anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Palacio de la Moncloa.

En su intervención, Pilar Alegría destacó que el informe, que se compone de 107 medidas, 35 de ellas ya aprobadas en junio, es “pionero” y representa un “punto de partida”, cuyo desarrollo tendrá lugar a lo largo de la legislatura, y agradeció la elaboración en su participación de representantes de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Unicef, Save The Children, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, el Consejo de la Juventud, Asociación Española de Pediatría, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

También han participado en su elaboración las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y las entidades y organizaciones del tercer sector de ámbito estatal, además de especialistas en las áreas de la pediatría, la psicología, la igualdad de género y la protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derechos de la infancia y de la juventud.

El Gobierno aprobó el pasado 30 de enero la creación de este grupo de expertos con el objetivo de diseñar una estrategia de país que promueva un entorno digital seguro para los menores de edad.

En aquel momento, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, señaló que este comité de expertos tiene dos objetivos: formular recomendaciones de actuaciones y medidas “a corto, medio y largo plazo” para que las distintas administraciones garanticen un marco de prevención, detección precoz y protección frente a una posible vulneración de los derechos de la infancia y la juventud y auspiciar un “acuerdo intergeneracional de país” que permita a los menores disfrutar de los beneficios de la tecnología, garantizándoles una navegación segura en red, priorizando la defensa de sus derechos y ofreciéndoles la posibilidad de participar en la toma de decisiones.

El informe, a cuyo contenido ha tenido acceso Servimedia, plantea entre las medidas a activar a corto plazo la obligatoriedad de que todos los actores del entorno digital cuenten con sistemas de verificación de edad para acceder a contenido que pudiera resultar nocivo para colectivos vulnerables; la configuración por defecto de espacios seguros digitales para los chavales por parte fabricantes y generadores de ‘software’, prestadores de servicios digitales, fabricantes de dispositivos y operadores de telecomunicaciones; la inclusión de etiquetados en los dispositivos digitales y aplicaciones advirtiendo de los principales riesgos para la salud que conlleva su uso; la elaboración de informes de impacto de estas herramientas y la prohibición de acceso a cajas botín y otros mecanismos de gratificación inmediata a menores de edad.

ÁMBITO EDUCATIVO

En lo concerniente a la formación y al ámbito educativo, se destaca la importancia de reforzar los contenidos referidos a la educación afectivo-sexual y mejorar la competencia digital de los profesionales que trabajan con menores de edad.

También se apunta evitar el uso de dispositivos digitales propios del centro en el tramo de edad comprendido entre cero y tres años, priorizar la enseñanza analógica en la Educación Primaria utilizarlos como “herramienta didáctica, debidamente justificada y supervisada, y atendiendo a la edad del alumnado” en Secundaria.

En cuanto a la utilización de los dispositivos privados en los centros escolares, ésta no se permitirá en Educación Infantil y Primaria, al igual que en Secundaria, aunque en este último caso se permite su uso por “razones excepcionales, debidamente justificadas, situaciones especiales de salud o personales” y “como herramienta pedagógica, debidamente supervisada, motivado y recogido en el Plan Digital de Centro”.

Del mismo modo, se deberá informar del impacto del uso de estos dispositivos en el ámbito de la salud, en general, y de la salud mental, en particular, y se tendrá que definir como “problema de salud pública” los trastornos y adicciones sin sustancia derivados del impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia.

USO DE PANTALLAS

El comité de expertos sugiere no exponer a los chavales hasta tres años a los dispositivos digitales, desaconseja su uso hasta los seis años, desliza la necesidad de limitar su uso hasta los doce años y controlar su utilización, a través de medidas de control parental, entre otras, hasta los 16 años.

En la misma línea, el texto apunta la conveniencia de priorizar el uso de teléfonos analógicos, sin acceso a Internet entre 12 y 16 años; mientras que si se decide entregar uno inteligente antes de los 16 años, se insta a utilizar el control parental para limitar y controlar el acceso a los contenidos y a los tiempos de ocio.

A su vez, se aconseja considerar el desarrollo de medidas que garanticen la responsabilidad civil de la industria y la responsabilidad penal de sus responsables y la activación de mecanismos de bloqueo, previa autorización judicial, para bloquear contenidos nocivos que sean accesibles una plataforma de intercambio de videos establecida en terceros países cuando haya sido sancionada por incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de personas menores de edad.

El texto recomienda que en todo momento se tenga en cuenta la participación de los chavales en las diferentes fases del proceso de aplicación de las medidas propuestas por el comité y que se forme a los profesionales sanitarios de Atención Primaria en la detección y el tratamiento de los chavales con problemas derivados del uso de la tecnología.

En lo concerniente a la protección de los derechos de las personas más vulnerables, el comité de expertos propone la regulación de los creadores de contenidos, incluyendo los ‘kids influencers’, y apuesta por la “prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red”, con independencia de que esta actividad genere directa o indirectamente ingresos económicos. En este punto, los expertos plantean regular la práctica del ‘sharenting’ (práctica que consiste en que los adultos comparten contenidos de niños en redes sociales) con menores por parte de los ‘influencers’.

El informe incide en la importancia de ampliar los estudios, las investigaciones y la evaluación de los efectos de los sistemas tecnológicos en la infancia y promover campañas de sensibilización educativa, sanitaria y de participación.

ÁMBITO LEGISLATIVO

Por su parte, el trabajo del comité de expertos reclama la protección de los neuroderechos, el desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), desarrollar la Ley Estatal Lgtbi+ “en su máxima extensión” e impulsar la habilitación legal necesaria para la plena operación de la línea directa en España en lo relativo a la violencia sexual contra la infancia.

También se demanda la puesta en marcha de juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia, incluida las violencias digitales y de un Plan Estratégico de Alfabetización Mediática e Informacional, y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de “herramientas más adecuadas” para investigar y desmantelar redes de violencia sexual contra la infancia en línea.

El trabajo apunta a la conveniencia de desarrollar herramientas, protocolos y formaciones específicas para la detección y actuación en caso de una problemática relacionada con el consumo de la pornografía por menores de edad y violencias y violencias sexuales contra los chavales.

Por último, a largo plazo se contempla la creación de un Observatorio de Salud Mental y Adicciones sin sustancia vinculadas al entorno digital y la puesta en marcha de mecanismos de monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia en Entornos Digitales.