La resolución contiene ocho "recomendaciones" encaminadas a corregirlas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la mayoría de las investigaciones realizadas a las cuentas de los partidos, especialmente en el capítulo de gastos electorales.

A partir de ahora, las formaciones políticas deberán "homogeneizar" toda su organización contable para que el Tribunal de Cuentas pueda fiscalizar adecuadamente cada proceso electoral, y justificar cada una de las operaciones efectuadas, presentando acreditación de todos los asientos y extractos de las cuentas corrintes abiertas para las elecciones.

Asimismo, los gastos corrientes tendrán que estar segregados de forma nítida de los desembolsos realizados para campañas electorales.

De este modo, no pondrán ser considerados como gastos electorales las inversiones en elementos del inmovilizado material, ya que éstos "son susceptibles de ser utilizados no sólo en otras campañas sino en actividades ordinarias del partido". El Tribunal de Cuentas ha puesto énfasis en la mayoría de sus informes en denunciar las iregularidades cometidas por los partidos en este apartado.

INTERMEDIARIOS

Otro punto de la resolución afirma que "los gastos de desplazamiento, dietas, hoteles, restaurantes y similares se justificarán, además de la necesaria liquidación individual y detallada, mediante documentos expedidos en su caso por el establecimiento que ha prestado el servicio".

"En la liquidación señalada", añade el escrito, "se hará constar la persona o personas que han concertado o se han beneficiado de aquél, su relaión o vinculación con la campaña electoral, la fecha de realización y su reconocimiento e intervención por el órgano competente del partido o coalición".

En cuanto a la intervención de intermediarios en las campañas electorales, cuestión de actualidad por el "caso Filesa" sobre la presunta financiación irregular del PSOE, la resolución señala: "En los servicios concertados a través de intermediarios, se complementará el recibo firmado por éstos con documentos que avalen la prestación efectiva de aquélos y expedidos por la empresa o persona que los han realizado".

Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a esta resolución, la Comisión Mixta Congreso-Senado asume punto por punto las recomendaciones contenidas en el informe que elaboró el Tribunal de Cuentas sobre las elecciones andaluzas de 1990.

IMPARCIALIDAD

Por otra parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, manifestó hoy en los pasillos del Congreso que el vocal que dirige la investigación sobre el "caso Filsa" es "tan imparcial como cualquier otro" y recordó que sólo el pleno del tribunal tendrá la última palabra al respecto.

Carretero respondía así a la información publicada ayer, lunes, por el diario "Abc", en la que se afirmaba que el vocal Eliseo Fernández Centeno fue propuesto para este cargo por el Grupo Parlamentario Socialista.

El presidente del tribunal recordó que Fernández Centeno es el responsable de la fiscalización de los partidos políticos desde que forma parte de este órgano. El "cao Filesa", dijo Carretero, "es una más de las fiscalizaciones que le ha tocado hacer y, por consiguiente, tiene la misma imparcialidad que en cualquier otra".

Carretero, que compareció ante la Comisión Mixta para informar sobre el programa de fiscalización del tribunal de 1990 y el plan de actuación para el presente año, aseguró que, en los próximos días, se remitirá al PSOE el informe sobre su presunta financiación irregular para que presente las correspondientes alegaciones.

El resto del trámit procedimental será la contestación de alegaciones, estudio por la sección de fiscalización y, finalmente, dictamen del pleno del tribunal. Carretero dijo que, en el plazo máximo de un mes, el informe entrará en el Registro del Congreso.