Así se señala en la primera de las doce conclusiones recogidas en el borrador de dictamen, al que tuvo acceso Servimedia, que esta tarde entregó a los grupos parlamentarios el presidente de la comisión, Josep Lópz de Lerma.

Al deducir que hay indicios de actuación criminal en la gestión de Roldán, la comisión propondrá a la Mesa del Congreso que se informe de las investigaciones realizadas al ministerio fiscal "con el fin de depurar cuantas responsabilidades pudieran existir".

En el ámbito de responsabilidades penales, el dictamen constata además que del estudio de la gestión de Roldán se deducen también "indicios de que ha podido existir menoscabo de caudales o efectos públicos".

El borrador, que tene 145 folios, contiene un apartado de conclusiones relativas a los ámbitos jurídico-penal, jurídico- administrativo y político.

Al no existir acuerdo entre los grupos sobre las responsabilidades políticas del caso, se acordó semanas atrás dejar en blanco este capítulo en el borrador y elaborarlo en la reunión que celebrará la comisión el próximo jueves. Como es previsible, PP Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya presentarán votos particulares en este punto al considerar insuficiente lapostura del PSOE y de los nacionalistas de reducir las responsabilidades políticas a Roldán y a los ministros que han presentado la dimisión.

FONDOS RESERVADOS

Sobre responsabilidades administrativas, la comisión ha detectado las siguientes irregularidades en la actuación de Roldán:

1) Incumplimiento de la obligación de declaración de actividades como director general de la Guardia Civil y como delegado del Gobierno en Navarra.

2) Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes y parimonio.

3) Incumplimiento de la ley al nombrar como administrador único de la empresa que gestionaba los intereses de Roldán a la misma persona (Jorge Esparza) que era director comercial de una de las empresas más favorecidas en la adjudicación de obras de la Dirección de la Guardia Civil.

4) Abuso en la utilización de la contratación directa basada en razones de urgencia que no siempre se justifican. Serios indicios de que esta forma de adjudicación se dirigió a fines distintos de los queridos or el legislador, concretamente al objetivo de favorecer a determinadas empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos.

5) Modificaciones injustificadas de los proyectos técnicos aprobados que comportan siempre un aumento en el coste de las obras.

6) Contrataciones poco justificadas, de forma habitual, con un pequeño grupo de arquitectos.

7) Transferencia anual hacia las partidas de gastos reservados de importantes cantidades presupuestariamente contempladas en los capítulos relativs a inversiones. Siendo ello legalmente posible, provoca una excesiva opacidad en su manejo presupuestario.

8) Existencia de ingresos y gastos tanto en los servicios centrales como en los periféricos de la Dirección de la Guardia Civil que son absolutamente atípicos por extrapresupuestarios y totalmente alejados de la legislación vigente.

En el capítulo de recomendaciones de iniciativas legislativas, el borrador propone, entre otras medidas, que se apruebe una ley reguladora de los fondos reservaos y que se modifique la actual ley de Contratos, esto último con el fin de garantizar plenamente la transparencia en la contratación administrativa.

Asimismo, se propone que se exija mayor colaboración con las comisiones de investigación a todas las personas que sean llamadas a declarar y que se establezca un nuevo régimen de incompatibilidades para autoridades y funcionarios más duro.