Según la comisión, las autoridades argentias vendieron durante el año pasado 30.000 hectáreas de la región del Chaco a sectores agropecuarios cuyo único interés es crear grandes monocultivos de arroz o soja.

Aunque tanto las leyes argentinas, como los convenios internacionales firmados por este país reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la posesión de las tierras, el gabinete de Carlos Menen decidió otorgar 2.300 hectáreas a los indígenas como compensación y vender el resto a los terratenientes del país.

Diversas organizacionesinternacionales de carácter conservacionista han denunciado el peligro que entraña esta actitud para la supervivencia de las culturas que conviven en estas zonas.

La Comisión Pro-Amazonia de España junto a otros colectivos internacionales emprenderá próximamente una campaña consistente en el envío de cartas de presión al presidente argentino.