McCreevy afirmó hoy en Alicante que "la Comisión no está satisfecha con las respuestas de España" y que él tiene la intención de proponer a la Comisión Europea la apertura de un expediente de infracción contra España en las próximas semanas.

Según indicaron hoy a Servimedia fuentes de la Comisión, este expediente contra España no sería aprobado hasta "mediados de abril". En la carta que el Gobierno envió a Bruselas el pasado viernes se argumenta que las mencionadas reformas legales no introducen un nuevo sistema de autorización en la CNE, regulador "que ha funcionado sin actuaciones por parte de la UE ni por parte de los tribunales españoles". El real decreto ley, según España, está amparado en el Tratado de la UE, que permite tomar medidas justificadas por razones de "seguridad pública", y en él se explicitandetalladamente los activos que son estratégicos y de seguridad pública.

El Gobierno español asegura en la carta que el real decreto ley "no es restrictivo a la libre circulación de capitales" y recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE desestimó un recurso presentado por la Comisión ante la normativa belga sobre la materia, de la que el real decreto ley español es "una transcripción casi literal".