Según recuerda un comunicado remitido por la CLI, esta comisión ya hizo pública dicha preocupación ante la aprobación el pasado 21 de febrero por el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea de la correspondiente Directiva.

La CLI alertó en su momento sobre una propuesta de Resolución presentada al Consejo de la Unión Europea por Francia, Irlanda, Suecia y Reino Unido que perseguía armonizar los periodos de conservación de los datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas con fines policiales, estableciendo mínimos de un año y máximos de tres.

Esta propuesta no incluía la obligación de retener el contenido de las mismas pero sí los datos de tráfico (fecha, origen, destinatario, duración) y los de conexión (localización).

El Parlamento Europeo rechazó el año pasado esta propuesta por no ser conforme a los principios de la normativa europea de protección de datos, ni cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a la intimidad.

Ante estas circunstancias, el Parlamento pidió a la Comisión Europea que propusiera una iniciativa acorde con la legislación vigente, basándose en el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa que propuso una duración máxima de conservación de los datos de 90 días, y fomentando la cooperación entre los Estados Miembros. Sin embargo, la opinión del Parlamento Europeo no tiene carácter vinculante por lo que la propuesta se aprobó por el Consejo de la Unión consiguiendo únicamente rebajar en la Directiva el máximoperíodo de retención a un año.

Según la CLI, por lo conocido del anteproyecto de una ley anunciada por el Gobierno Español a través de los medios de comunicación y estando pendientes de celebrar una reunión con los ministerios implicados para poder conocer el texto, parece que la transposición de la Directiva que pretende efectuarse en España se alinearía con las tesis más duras que salieron a relucir hace dos años cuando se discutía la Directiva Comunitaria.

Por todo ello, la CLI solicita de nuevo al Gobierno que abra un período de reflexión y debate en torno al anteproyecto que se anuncia para que incorpore las debidas garantías que aseguren el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de lo establecido por la Unión Europea después de tener en cuenta los análisis de las Autoridades de Protección de Datos de Carácter Personal de cada uno de los países que la forman.