El presidente de la Comisión, el socialista Álvaro Cuesta, explicó que la comparecencia se mantiene esta tarde, a las cuatro y media, con el orden del día previsto, y no tiene como fin entrar en "resoluciones de los tribunales", sino que está enmarcada en el ámbito de cooperación entre los poderes del Estado.

Aseguró que no se entrará en ninguna de las cuestiones sobre las que Hernando manifestó "inquietud" en la carta remitida a la Mesa de la Cámara en la que reclamaba que se reconsiderese la petición de comparecencia.

Además, recordó que la comparecencia de Hernando fue acordada el día 21 de febrero y convocada para el 8 de marzo, fecha que el propio presidente del CGPJ solicitó cambiar por problemas de agenda, con lo que se pasó al día 7, esta tarde. Fue entonces cuando se volvió a dirigir al Congreso arguyendo problemas con el contenido de la citación.

El portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, considera una "equivocación" la decisión de la Mesa de la Comisión, porque la citación de Hernando es una "violación muy seria" del ordenamiento constitucional, que no establece ningún mecanismo de control político sobre los jueces.

Recordó que la última vez que se llamó a Hernando fue para que el PSOE "y alguno de sus socios dijeran cosas incalificables, que no sólo ofenden al presidente del CGPJ sino a todos los jueces", en su tradición de criticar a los miembros del poder judicial "que no se pliegan al 'aquí mando yo' del presidente del Gobierno".

CONTROL POLÍTICO

Acusó a los socialistas de generar "un gravísimo conflicto entre instituciones", lo que califica como un intento de control político sobre los jueces, propio de otros régimenes y no de una democracia parlamentaria en la que es el Parlamento el que controla al Gobierno y no el Ejecutivo el que fiscaliza a los jueces.

Julio Villarrubia, portavoz socialista en esta Comisión, aseguró, en contra de las afirmaciones de Astarloa, que no hay ningún intento de "fiscalizar" a los jueces, sino de pedirles información sobre algo que "inquieta y preocupa" a los ciudadanos como es la aplicación de la ley en materia antiterrorista.

Recalcó que no está obligado a hablar de asuntos jurisdiccionales concretos y que tanto la Constitución como el Reglamento del Congreso y el Tribunal Constiticional marcan la obligación de que acuda al Parlamento "como cualquier otra autoridad".

BURLA AL PARLAMENTO

Más contundente fue la portavoz de IU, Isaura Navarro, grupo autor de la petición de comparecencia, quien calificó la carta del presidente del CGPJ de un "nuevo intento de burlarse de esta institución", por lo que insistió en que tiene que acudir al Congreso para informar y no utilizar "subterfugios" para eludir su obligación.

Jordi Jané, de CiU, también respaldó la decisión de que se mantenga la convocatoria, si bien recordó que su grupo no es partidario de pedir estas comparecencias porque "pueden generar fricciones", por lo que opina que el máximo responsable de los jueces debería comparecer sólo para informar de la memoria anual.

Pese a todo, recalcó que la comparecencia ya estaba acordada, y que se acatará la petición del Tribunal Supremo en el sentido de que no deba informar sobre resoluciones judiciales, que ya se aclaran con el propio contenido de las sentencias.