La reforma, que deberá ir ahora al Senado antes de su definitiva aprobación en la Cámara Baja, concitó las críticas de PP y CiU, que consideran poco ambiciosos los cambios introducidos, especialmente en lo que se refiere a los estímulos fiscales para la constitución de esos patrimonios protegidos.

La figura de los patrimonios protegidos quedó regulada en 2003 como un instrumento jurídico al servicio de las personas con una grave discapacidad física o sensorial, y para las personas con discapacidad intelectual.

La finalidad era permitir la designación de unos bienes precisos (dinero, inmuebles, derechos, títulos, etcétera) para que, con ellos y con los beneficios que se deriven de su administración, se haga frente a las necesidades vitales ordinarias y extraordinarias de la persona con discapacidad.

Pueden constituir el patrimonio protegido la propia persona con discapacidad, los padres, los tutores o guardadores de hecho, así como cualquier persona que tenga un interés legítimo.

INCENTIVOS FISCALES

La reforma aprobada hoy en la Comisión de Justicia del Congreso incorpora, entre otras novedades, que en el Registro Civil central haya un libro específico para anotar la situación de los patrimonios protegidos.

El portavoz popular en dicha comisión, Francisco Vañó, defendió una enmienda, que contaba con el respaldo del Cermi, para resolver el problema del insuficiente atractivo fiscal para la creación de los patrimonios protegidos.

Vañó dijo a Servimedia que el PP se ha abstenido en la votación en la Comisión de Justicia para seguir dando la batalla en el Senado en favor de incentivos fiscales que den una respuesta a las familias que tienen hijos con discapacidad.

A su juicio, "la pregunta de muchos padres de hijos con discapacidad sobre qué será de nuestros hijos cuando nosotros fallezcamos sigue sin resolverse" porque los patrimonios protegidos, "que podrían ser la respuesta, no han sido atractivos, por falta de incentivos fiscales".