Sin embargo, sí tendrán que declarar los consejeros de Salud, Educación y Ciencia y Cooperación, Pedro Sabando, Jaime Lissavetzky y Virgilio Cano, respectivamente, según confirmó Manuel Cobo, presidente de la citada comisión parlamentaria y representante del PP en la misma.

Durante más de tres horas, los diputados del PP, PSOE e IU discutieron sobre la ampliacón del plazo de trabajo de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, encargada de investigar el "caso Atocha", fijado en un principio en el 31 de enero, y sobre el listado de nuevas personas que comparecerán para ser interrogadas con relación a las presuntas irregularidades en las contrataciones de obras del Gobierno regional.

Las decisiones que tomaron fueron las de convocar a 50 personas ante la comisión parlamentaria, entre ellas, además de los citados consejeros, los técnicos de las obras d Algete, Colmenar Viejo y Parla, los responsables de obras de las consejería implicadas y algunos empresarios como Adrián de la Joya, intimo amigo de Virgilio Cano.

También deberá comparecer Vicente Martínez Castelló, jefe de servicio de Proyectos y Obras de la Consejería de Cooperación, al que al empresa Construcciones Atocha rehabilitó una casa de su propiedad, algo inhabitual en esta sociedad, que trabajaba solamente para las administraciones públicas.

Por otro lado, la fecha tope para continur investigando quedó marcada en el 28 de febrero, a pesar de que los representantes del PP pidieron que fuera hasta el 31 de marzo.