Esta decisión de la Comisión viene dada por la firma, el pasado viernes, del Dictamen Motivado por parte del comisario responsable para Mercado Interior y Asuntos Fiscales, Mario Monti.

Según este Dictamen, el Gobierno español ha de modificar la legislación nacional en la materia para acomodarse a la normativa comunitaria y agilizar la devolución de la deuda. Si no se cumplen las medidas propuestas por la Comisión, ésta llevaría al Ejectivo español ante el Tribunal de Luxemburgo.

A finales de 1995, la deuda de la Administración española con las empresas alimentariasque facturan al tipo reeducido (7%) alcanzaba un importe de 40.000 millones de pesetas sin contabilizar los intereses generados por demora, según datos facilitados a Servimedia por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

Desde la FIAB manifiestan su profunda satisfacción por el apoyo recibido del Ejecutivo comunitario y espera una actitud decidida por parte del nuevo Gobierno, para resolver este grave problema financiero que vienen soportando las empresas del sector.