Los socialistas, ante la sorpresa de los comisionados, recurrieron a una argucia parlamentaria que permite a los gupos que disponen de un tercio de los miembros de la comisión solicitar la convocatoria urgente de una sesión plenaria, en este caso para demandar la retirada de las comparecencias de los principales responsables políticos y de los implicados en el "caso GAL".

La reunión quedó convocada para las 9,30 horas, antes del inicio de las comparecencias previstas para la mañana: la del ex director general del CESID Emilio Alonso Manglano y la del ex responsable de los servicios secretos Santiago Bastos.

n la votación de mañana previsiblemente se firmará el acta de defunción de la "comisión GAL", ya que quedarán anuladas -con el más que probable apoyo de nacionalistas vascos y catalanes- las comparecencias de Barrionuevo, Serra, Elgorriaga y Sanjuán.

La presencia de Alvarez y Planchuelo también parecen quedar descartadas, después de que el presidente de la "comisión GAL", Victoriano Ríos, anunciara esta noche que ha recibido un escrito de los dos ex policías, en el que le confirman que quieren compareer acompañados con sus abogados, pero que no pueden hacerlo en las fechas previstas (el 7 de diciembre) porque los letrados estarán "de puente".

RECOMENDACION DEL JUEZ

Por su parte, el juez togado militar recordó hoy al ex agente del CESID Juan Alberto Perote que si finalmente se decide a comparecer en el Senado no deberá revelar ningún secreto de Estado.

El cúmulo de despropósitos en que se ha convertido la comisión tuvo también otro elemento añadido: el ex diplomático y traficante de armas Frncisco Paesa, citado a declarar el 4 de diciembre, ha remitido un fax fechado en Moscú, diciendo que ese día no podrá acudir a la cita debido a sus "múltiples obligaciones profesionales".

Victoriano Ríos anunció que si mañana hay consenso suficiente la comisión elaborará una declaración institucional en la que condenarán las críticas vertidas días atrás por representantes del Gobierno sobre el funcionamiento y la oportunidad de la comisión.

Ríos, que se mostró visiblemente enfadado por la iniciatva del Grupo Socialista, dejó en el aire su posible dimisión como presidente de la "comisión GAL" ane el cariz que están tomando los acontecimientos. Igualmente, confirmó que todavía no se ha recibido la documentación solicitada al Gobierno, a la Fiscalía y al Supremo, y que firmará un escrito para volver a reclamarla.

Por otra parte, los miembros de la mesa y portavoces de la comisión sometieron a votación una segunda ronda de comparecencias, aunque finalmente no prosperó ninguna, como consecuencia d los intereses opuestos de los grupos parlamentarios.

Al término de la reunión, los portavoces de los grupos comparecieron ante los informadores para cruzarse duras acusaciones y lamentar la trayectoria que está acompañando a sus trabajos.

Alvaro Martínez Sevilla, de Izquierda Unida (IU), centró sus iras en el PNV y en su presidente, Xabier Arzalluz, de quien dijo que se ha convetido en el "gran fantasma" de la comisión, y a quien responsabilizó de haber provocado su "sangría".

El parlamentaio de IU recordó que los nacionalistas vascos apoyaron en su día la investigación de la "guerra sucia" contra ETA y formaron parte del denominada "bloque del sí", y que ahora han incumplido sus compromisos y se han alineado con los socialistas.

INTERESES BASTARDOS

Por su parte, el representante del PNV, Joseba Zubía, rechazó las acusaciones de Martínez Sevilla y subrayó que su grupo se negó a que en la primera ronda de comparecencias hubiera cargos políticos, sin que en esta decisión influyeran "intreses bastardos" ni pactos con nadie.

Admitió que ahora se ha creado una "situación kafkiana" en la comisión, pero señaló que su grupo, por coherencia política, volverá a rechazar la presencia de políticos en la primera fase de la investigación.

El portavoz de CiU, Frances Codina, no quiso anunciar el sentido de su voto en la reunión de mañana, pero reiteró que tras la concesión del suplicatorio a Barrionuevo se ha producido una nueva situación que aconseja un cambio de estrategia.

Bernardo ayona, del PSOE, justificó la decisión de su grupo de pedir la anulación de las siete comparecencias "en aras al mejor funcionamiento de la comisión" y en el propósito de no "contaminar" los procesos judiciales abiertos.

El jefe de los populares en la Cámara Alta, Angel Acebes, aseguró que la iniciativa de los socialistas constituye un "enorme desprecio" a la democracia y al Estado de derecho y se preguntó qué tendrá que ocultar Felipe González para negarse a que el Senado investigue la trama de los GL.