Acebes justificó esta decisión del PP señalando que "la comisión está ceñida a las responsabilidades políticas en la organzación, financiación y funcionamiento de los GAL".

El portavoz del Grupo Popular tratará de que en la Junta de Portavoces de la Cámara Alta del próximo martes se impulse la constitución de la comisión en la semana siguiente.

Además, Acebes dijo que espera que ningún grupo político se retrase más allá del próximo lunes en comunicar sus representantes en la comisión GAL para poder constituir ésta, porque, de lo contrario, "sería poner obstáculos a un mandato de la Cámara que encarna a la soberanía opular, lo que sería muy grave."

Agregó que, una vez que se conozcan los componentes, hay 10 días como tope máximo para constituir la comisión. "Espero que no se agoten y que la comisión esté constituída la semana siguiente. Para que podamos compatibilizar la agilidad con el rigor."

La Comisión tendrá 32 miembros: 14 del PP, 13 del PSOE, 2 de CIU, y uno del PNV, Coalición Canaria y Mixto. En principio, los grupos que han propuesto la comisión tendrán asegurada la mayoría en las actuaciones, si semantiene el consenso.

Las actuaciones de la comisión, de acuerdo con el Reglamento, serán públicas, salvo que la propia comisión acuerde lo contrario, por mayoría absoluta, a iniciativa de su mesa, del Gobierno, o de dos grupos parlamentarios.

Para declarar el carácter de secreto de una comparecencia, la propia comisión habrá de considerar si la declaración puede versar sobre materias que hayan sido declaradas reservadas o secretas, conforme a la legislación vigente, y siempre que, a juicio de lacomisión, los asuntos a tratar coincidan con actuaciones judiciales que hayan sido declaradas secretas.

"Nuestro criterio", puntualizó Acebes, "es que todas las comparecencias sean públicas, para que el pueblo español pueda formar su opinión sobre las responsabilidades políticas del caso. Porque es la garantía de que nunca más vaya a existir un GAL".

Sin embargo, matizó que "sólo si hubiera alguna declaración que pudiera afectar a la seguridad del Estado, o que afecte a la intimidad u honorabilidd de algunas personas, y asi se justificara, podríamos aceptar que fuera secreta,o reservada, con carácter excepcional."

COMPARECENCIA PRESIDENTE

En cuanto a la forma de comparecencia del presidente del Gobierno, Acebes dijo que eso lo determinará la comisión. "Pero, parece lógico que en una investigación de responsabilidades políticas, el máximo responsable político compareciera personalmente, con carácter público, para que los comisionados pudieran preguntar", afirmó.

Una vez constituída, la omisión elegirá a su mesa -presidente, vicepresidentes, secretarios- y establecerá su plan de trabajo, nombres de los comparecientes y calendario. El PP, como grupo mayoritario, quiere la presidencia de la comisión, de acuerdo con los precedentes.

Respecto a la petición previa a la constitución de la comisión de un dictamen jurídico de los letrados de la Cámara Alta, el portavoz del Grupo Popular señaló que "el marco jurídico de actuación está claro en el Reglamento. En todo caso, sería una decisión d la propia comisión. Si el presidente del Senado quiere solicitar ese informe, es muy libre de hacerlo, pero ello no va a demorar, ni condicionar los trabajos de la comisión."

Por otro lado, Acebes rechazó que los trabajos de la comisión vayan a contaminar o invalidar el proceso penal en marcha.

"La Constitución española, como la de los demás países democráticos, establecen claramente la compatibilidad entre una actuación penal y una investigación parlamentaria. Porque tienen medios, objetivos y inalidades distintas. Pueden no existir responsabilidades penales y sí existir responsabilidades políticas", señaló.

Añadió que "en el proceso penal, los imputados pueden hacer lo que estimen por conveniente para su defensa. Pero la investigación parlamentaria no tiene por qué interferir, y mucho menos anular la penal. Nosotros vamos a determinar conductas políticas, de responsables políticos de la organización, funcionamiento y financiación del GAL."

NO SE INVESTIGARA INTXAURRONDO

En contra delo que opina el PNV, uno de los grupos que votaron la comisión, el PP cree que ésta no debe investigar al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, "porque el ámbito de la comisión está claramente señalado por el pleno del Senado: para investigar las responsabilidades políticas del caso GAL".

"No podemos ni debemos investigar, ni el cuartel de Intxaurrondo, ni a ningún funcionario, sea de la categoría que fuere. Nuestras competencias llegan hasta los responsables políticos. Y desde luego, en el cuatel de Intxaurrondo no los hay", explicó.

Los populares confían en acabar el trabajo de la comisión en lo que resta del período de sesiones hasta finales de diciembre, si antes el presidente González no disuelve las cámaras. En todo caso, si la legislatura continúa en enero, y la comisión no hubiera concluído sus trabajos, están dispuestos a pedir que se habilite ese mes.

Sobre la posibilidad de que González disuelva las Cortes durante los trabajos de esta comisión, Acebes afirmó que "nuestra oblgación es hacer el trabajo como si fueramos a disponer del tiempo parlamentario necesario".