Según informaron a Servimedia fuentes próximas a la presidencia de la Cámara, Laborda no ha puesto ninguna objeción a la petición de los grupos, a pesar de que entre los expedientes solicitados figuran algunos bastante espinosos, como la denominada "acta fundacional" de los GAL y las notas de despacho del coronel Perote en el CESID, que han motivado un conflicto de jurisdicción entre el Gobiernoel juez Baltasar Garzón.

El Reglamento del Senado establece que corresponde al presidente de la Cámara Alta solicitar al Ejecutivo la información o documentación que le requieran los grupos parlamentarios que formen parte de una comisión.

En concreto, el artículo 67 señala que las comisiones "podrán recabar, a través del presidente del Senado, la información y ayuda que necesiten del Gobierno y de sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas, así comola documentación necesaria cuando lo solicite un tercio de los miembros de la comisión".

Por su parte, el presidente de la "comisión GAL", el senador de Coalición Canaria (CC) Victoriano Ríos, anunció hoy que ya se había dirigido al Gobierno para reclamarle toda la documentación requerida por los comisionados.

Por otra parte, las fuentes consultadas por esta agencia indicaron que corresponde a los Servicios de la Cámara la localización de las personas que han sido llamadas a declarar en una primea ronda, y que deberán ser avisadas con el suficiente tiempo de antelación.

Desde distintos medios se había apuntado estos días la dificultad que puede suponer dar con el paradero de algunos comparecientes, como el caso del ex diplomático Francisco Paesa, cuyo domicilio o residencia son difíciles de averiguar.