Ambos investigadores están citados a declarar mañana lunes por la Comisión que aprobó el pasado 16 de noviembre su comparecencia con los votos favorables del PP, PNV y Grupo Mixto, la oposición del PSOE y l abstención de Coalición Canaria.

Según las fuentes consultadas los dos funcionarios acudirán al Senado con voluntad plena de colaborar, aunque con el límite de no violar el secreto profesional que protege su actuación ni la orden del juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, de mantener el secreto del sumario.

El principio de secreto profesional que deben respetar Enrique de Federico y Francisco Fuentes está consagrado por el artículo 24 de la Constitución y por el artículo 417 de la Ley de njuiciamiento Criminal.

Este último precepto citado señala que no podrán ser obligados a declarar "los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pide".

La Dirección General de la Policía ya encargó el pasado ms de marzo un informe a los servicios jurídicos del Estado sobre la aplicación de este precepto para delimitar cual debe ser la actitud de los funcionarios de Policía y Guardia Civil cuando tengan que comparecer ante un juez o ante otra sede de investigación.

Ese informe se solicitó a raiz de la investigación judicial sobre los `Papeles de Laos' que se produjo como consecuencia de la captura del ex director general de la Benemérita, Luis Roldán, y sobre la cual fueron llamados a declarar los cinco agetes que participaron en la detención.

Las fuentes policiales consultadas aseguraron que la disposición a colaborar con el Senado es total, pero argumentaron que ambos investigadores están "obligados por el secreto profesional, cuyo incumplimiento genera responsabilidades disciplinarias".

Puntualizaron además que la revelación de datos concretos sobre la investigación podría interferir la instrucción del sumario que está en manos del juez Bueren y podría afectar a terceras personas sobre las que n está comprobada su participación en los hechos por el magistrado.