"Determinar el alcance de las repercusiones que pueda tener esa investigación sobre el Gobierno es otra cosa", aseguró. "Una vez esclarecidas las responsabilidades, habrá que determinar si es el Senado el competente para exigirlas al Ejecutivo o si se tendrían que trasladar al Congreso para que actuara en consecuencia".

Según Murillo, la capacidad de la Cámara Alta para investigar y controlar la acción del Gobierno "es clara, porque así lo reconoce la ley. Lo único qe puede estar en discusión es su capacidad ejecutiva".

El abogado de Alvarez considera que esa investigación sería útil, porque en el caso de que el Senado sólo pueda proceder a investigar, los resultados de las pesquisas se podrían remitir al Congreso para que éste acordara las medidas pertinentes, puesto que "parecer que la capacidad de actuar ejecutivamente contra el Gobierno sólo corresponde al Congreso de los Diputados".

El letrado aseguró a esta agencia que no se van a producir nuevas reunines de las defensas de los implicados en el 'caso GAL', porque estos encuentros "han tenido mala prensa y han sido malinterpretados".

"Independientemente de que los abogados de la defensa cambiemos impresiones, para no convertirnos en acusadores mutuos, no soy partidario de mantener reuniones que pudieran prestarse a todo tipo de interpretaciones", aseguró.

En su opinión, la resolución de este caso ha dado un nuevo giro al solicitar el Tribunal Supremo el suplicatorio del ex ministro de Interior osé Barrionuevo.

Esta decisión debería provocar la paralización del resto de las actuaciones del tribunal, porque cualquier acción después de pedir el suplicatorio podría involucrarle sin darle posibilidad de defenderse y podría ser declarada nula.