Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, manifestó a esta agencia que la creación de la 'comisión GAL' es algo "bastante disparatado" y una "barbaridad".

Tras recordar que el PP presentó su iniciativa en el Senado tras ser rechaza en el Congreso, Pérez Royo dijo: "Esto es una actuación de forzar el texto constituconal, de cierta deslealtad en la interpretación de la Constitución y de uso torticero de las instituciones, que no están para eso".

A su juicio, sería "jurídicamente correcto" que la comisión fuese disuelta por el mismo pleno que la constituyó, aunque "políticamente sería una cuestión distinta".

Respecto al alcance de la 'comisión GAL', el catedrático manifestó a Servimedia que el Senado puede crearla, pero no tiene capacidad para exigir responsabilidades al Gobierno en relación a este asunto.

Explicó que, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución y dado que ésta no establece prohibición expresa al respecto, el Senado puede constituir comisiones de investigación sobre cualquier asunto, si bien no puede pedir ningún tipo de responsabilidad política, ya que esta facultad está reservada al Congreso de los Diputados, según dicta el artículo 108 de la Carta Magna.

Asimismo, agregó que esta reserva también se deduce del resto de la Constitución, donde los artículos 112, 113 y 114 regulanlos mecanismos a través de los cuales se exige la responsabilidad política al Gobierno, es decir, la cuestión de confianza y la moción de censura.

MONOPOLIO DEL CONGRESO

"El constituyente español quiso que, en lo que a responsabilidad política se refiere, hubiera un monopolio a favor del Congreso de los Diputados y que no interviniera el Senado", dijo el catedrático, quien afirmó que sería inconstitucional que el Senado estableciese la responsabilidad política del Gobierno, ya que no es de su competncia y el Ejecutivo no depende de la Cámara Alta.

Para Pérez Royo, dado que no está prohibido que el Senado cree una comisión de investigación, que no puede pedir responsabilidades políticas al Gobierno y que tiene que adecuar su investigación a esa reserva establecida por el constituyente, el quid de la cuestión es determinar exactamente qué alcance tiene dicha comisión, respuesta que tendrá que dar el dictamen jurídico de la Cámara Alta.

"A mi juicio, la respuesta es que hay una reserva de estalecimiento de responsabilidades políticas a favor del Congreso de los Diputados", dijo.

Por su parte, Luis López Guerra, catedrático de Derecho Constitucional y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, considera que el Senado no tiene potestad para exigir responsabilidades políticas de ningún tipo, como sostiene el PSOE para rechazar la 'comisión GAL'.

JUICIO SUBJETIVO

"La responsabilidad política es un juicio subjetivo que no tiene que ver nada con la licitud o la ilicitud de una conduct. No es como la responsabilidad penal (...) Cuando se lleva a cabo un juicio de responsabilidad política, quiere decir que se ha dejado de confiar en el responsable, se ha dejado de confiar, en este caso, en el Gobierno", dijo López Guerra a la Ser. "Por eso, muchas veces se hacen equivaler exigencia de responsabilidad política y pérdida de confianza".

Respecto al caso concreto de la 'comisión GAL' creada en la Cámara Alta, indicó que "es evidente que la Constitución no permite que una comisión del Seado, ni el Senado como tal, exija responsabilidad política de ninguna clase", lo que no quita para que algunas de las finalidades de esta comisión puedan ajustarse a la Carta Magna.

Por último, Diego López Garrido, portavoz adjunto de IU y catedrático de Derecho Constitucional, indicó a Servimedia que abrir el debate sobre el artículo 108 de la Constitución es una doble "torpeza" por parte del PSOE.

Por un lado, porque los socialistas demuestran que tienen temor de que se investigue los GAL y, po otro, porque olvidan que, pese a ese precepto, el Senado está exigiendo todos los días responsabilidades políticas al Gobierno con las preguntas, las mociones y las interpelaciones de las sesiones de control, sin que nadie haya puesto hasta ahora en duda esta competencia.

"El Senado no puede hacer la investidura del presidente, tumbar al Gobierno con una moción de censura ni aprobar decretos-ley, pero tiene el mismo derecho a exigir responsabilidades políticas que el Congreso", afirmó.

También e ex presidente del Senado José Federico de Carvajal expresó su opinión al respecto y manifestó a Servimedia: "El Senado tiene facultades para crear una comisión de investigación. Lo que después habrá que ver es qué se pretende con esa comisión de investigación y a lo mejor para lo que se pretende no tiene facultades".

Agregó que "otra cosa sería acusar al presidente del Gobierno de traición o una cosa de ese tipo, o promover una moción de censura, porque eso corresponde al Congreso".