Manrique señaló que la comisión "clarificará muchísimo las situaciones" a nivel político, si bien agregó que desconoce las repercusiones de índole penal que puedan derivarse del resultado final.

Expresó su confianza en que la comisión sirva para dejar claro que Amedo y Domíngez se limitaron a actuar como profesionales y para establecer hasta qué niveles de la Administración llega la responsabilidad de la organización de los GAL.

"La comisión va a dirigir cotas de responsabilidad política", dijo. "A mí no me interesa tanto si en una acción determinada intervino o no una determinada persona. Sí me interesa demostrar a esta nación nuestra que lo que ocurrió, única y exclusivamente, fue una decisión de carácter político y que para ejecutar esa decisión de carácter político seutilizaron fuerzas de la Seguridad del Estado".

En su opinión, "un buen político debe asumir sus decisiones" y manifestó que tal vez la comisión descubra que todo lo acaecido en torno a los GAL "fueran decisiones de las que no tuvieran en absoluto que arrepentirse, sino que fueran decisiones políticas coherentes con su manera de pensar por la situación en la que vivía España en su época"

Manrique manifestó que, a nivel político, los miembros de la comisión aprobada el pasado miércoles podrán "tenr acceso a todo tipo de documentación, interrogar a todo tipo de personas y practicar cualquier tipo de diligencias" que en el ámbito penal puedan suponer una limitación.

"Papeles que hoy no llegan al juez de instrucción, pueden llegar a manos del Senado, a través de organismos oficiales", resumió Manrique, para quien la comisión podrá aportar datos hasta ahora desconocidos sobre la organización de los GAL, ya que los miembros encargados de esta investigación están habilitados para solicitar documento públicos que, " hoy por hoy, parece ser que no llegan a ningún estamento judicial, pero que pueden llegar a un estamento estrictamente político".