Así consta en el dictamen elaborado por los servicios jurídicos del Congreso, que hoy recibieron los comisionados con vistas a la primera reunión de trabajo de mañana.

Elinforme, de 25 folios, señala en sus conclusiones que en el acuerdo que adoptó el pleno para su constitución, la comisión se denomina "comisión de estudio" y como tal debe operar.

El dictamen recuerda que, de esta forma, las convocatorias para comparecer ante la comisión son voluntarias y no podrán ser sancionadas penalmente, como sí ocurre en una comisión de investigación.

En su tercer punto de conclusiones, el informe señala, no obstante, que si lo acordara el pleno de la Cámara, la podría tene aspectos de investigación.

El presidente de la comisión, el diputado de Coalición Canaria Luis Mardones, explicó a Servimedia, tras leer el informe, su convencimiento de que la comisión tendrá "plenas competencias fiscalizadoras, porque aunque las citaciones para prestar declaración no sean obligatorias, nadie se opondrá a venir. Le caería encima el peso de la opinión pública a través de los medios de comunicación".