Según ha informado la Comisión, el precio del tabaco está fijado por los fabricantes y/o importadores, por lo que la decisión de los poderes públicos sobre el precio mínimo de venta es contraria a las leyes comunitarias.

Al respecto, la Comisión ha abierto procedimientos de infracción a varios Estados de la Unión que, atendiendo a motivos de salud pública, han introducido en su legislación precios mínimos de venta de los cigarrillos.

Bruselas considera que la mejor forma de luchar contra el tabaquismo sin violar la legislación comunitaria es incrementar los impuestos "ad valorem" para las marcas más baratas, en línea con lo que ha hecho España.

En sucesivos decretos aprobados en enero y febrero, el Gobierno español determinó incrementos del impuesto "ad valorem", que ha quedado situado en el 57%, mientras que el tipo específico se elevó hasta los 8,20 euros por cada 1.000 cigarrillos.

No obstante, y como mecanismo para luchar contra las marcas baratas, Hacienda estableció un tipo fiscal mínimo de 1,10 euros por cajetilla.