Por ello, la Comisión ha lanzado una consulta popular sobre la normativa aplicable a los divorcios internacionales para, desde las aportaciones de los propios afectados, intentar mejorar la ley.

"La situación actual entraña muchas dificultades de orden práctico para el número creciento de matrimonios internacionales que se divorcian cada año en el UE", dice la Comisión.

Además, se refiere a conflicto de leyes y se pregunta qué ley nacional es la que debe prevalecer en un caso de divorcio entre personas de distinto país a la hora de acudir a juicio o derechos sobre posesiones y/o custodia de hijos.

Como ejemplo, la Comisión recuerda que sólo en Alemania se divorcian cada año 30.000 parejas con distinta nacionalidad y no existe actualmente ninguna disposición comunitaria al respecto, lo que provoca inseguridad jurídica en los afectados.

Así, para un matrimonio entre un italiano y un portugués que se quieran separar, la normativa transalpina aplicaría razones de lugar de residencia para juzgar el asunto, mientras que la lusa apelaría a los vínculos más estrechos de la pareja.

Finalmente, la Comisión prevé organizar un "libro verde" para incrementar la seguridad jurídica y responder a las necesidades de los ciudadanos en materia de divorcio.