El Ejecutivo quiere así reflejar su preocupación ante el aumento de número de refugiados en Europa en los últimos años y la insuficiencia de los Fondos Estructurales para hacer frente al problema.

Esta iniciativa se llevaría a cabo en el período comprendido entre el 1 de julio de 1999 y el 31 de diciembre del año 2000. Los beneficiarios serían personas que ya se hayan establecido, o que tengan derecho a establecerse, en un Estado miembro en virtud de su condición de refugiados.

Los proyectos a financiar deben tener una dimensión comunitaria, mediante el fomento e la cooperación transnacional, el intercambio de prácticas y proyectos-piloto, el análisis de la situación de los refugiados o el aumento de la sensibilización pública.

En un primer bloque de medidas se incluyen las destinadas a preparar o ejecutar proyectos pluridisciplinares e innovadores de gran alcance, que incluyan acciones en todos los Estados. La contribución de la UE que recibirían no sería superior al 60% del importe total, y sólo excepcionalmente podrían llegar al 80% de financiación comuniaria.

En un segundo bloque están las medidas para crear y desarrollar redes transnacionales con el fin de favorecer el intercambio de experiencias. En este caso, la dotación de la Comunidad puede ascender hasta el 90% del importe.