Según la propuesta del Ejecutivo europeo, que pretende mantener la calidad del aire cuando ésta sea buena y mejorarla en los demás casos, los Estados miembros deben garantizar que las concentraciones de estos elementos no superen los límites establecidos por la directiva.

Sólo en las zonas o aglomeraciones donde se puede demostrar que la aplicación de las medidas propuestas podría causar graves problemas socioeconómicos se podrán conceder prórrogas de hasta cinco años paa cumplir con los límites establecidos.

Además, se presta especial importancia a la obligación que corresponde a los Estados miembros de informar periódicamente de las concentraciones de estas sustancias en el aire a la población, organizaciones de consumidores y otros organismos sanitarios pertinentes.

Asimismo, se establece que la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo un informe sobre la aplicación de la directiva, que se incluirá como parte de una estrategia de calidad del aire diseñaa para revisar y proponer objetivos comunitarios, así como elaborar estrategias de aplicación de la normativa.

Serán los países miembros los encargados de determinar el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de esta directiva.