La primera denuncia pendiente de resolución data del 13 de mayo del pasado año y fue interpuesta por la Comisión contra España, al negarse a remunerar los periodos de formación necesarios para obtener el título de diversas especialidades médicas, en contra de las directivas dictadas por el Consejo de Europa. Este litigio está pendiente de que el próximo mes de septiembre, el abogado del Estado presente sus conclusiones ant el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

También del pasado año está a la espera de resolución otra denuncia contra España por no adaptar su derecho interno a la directiva del Consejo sobre crédito al consumo, interpuesta por la Comisión hace un año.

A lo largo de 1994, la Comisión inició otros 5 litigios contra nuestro país, dos de ellos en marzo por no adaptar el derecho interno a dos directivas del Consejo, referentes a las condiciones de los piensos medicamentosos y a las sociedaes de responsabilidad limitada de socio único.

Posteriormente, el mismo organismo denunció de nuevo el pasado mes de mayo a España por no adaptar nuestro derecho a otra directiva del Consejo que modifica otras normas anteriores sobre el seguro de responsablidad civil de los automóviles y un mes más tarde, por infringir varios artículos del Tratado de la Comunidad Europea, al reservar la legislación nacional española a la empresa pública Redesa el derecho exclusivo de importación y exportación de electicidad.

Finalmente, el último proceso contra España fue iniciado el pasado 20 de julio, en que la Comisión volvió a denunciar a España por no adaptar el derecho interno a una directiva del Consejo sobre coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

Por el contrario, España inició 6 litigios contra la Comisión y el Consejo, la mayoría de ellos para solicitar la anulación de varias decisiones yreglamentos comunitarios, entre ellos, el que crea un certificado complementario de protección para los medicamentos y el que acuerda no modificar las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector de los vehículos de motor y prolongar su vigencia.

Además de éstos, los tribunales europeos tramitan otros 12 asuntos en los que entidades españolas actúan como demandantes, entre ellas Gestevisión Telecinco y Antena 3 de Televisión, que solicitan la anulación de una decisión de la Comisión que,su juicio, supone una restricción en el acceso al mercado de los espectáculos deportivos retransmitidos en Eurovisión.