En un comunicado, la Comisión alerta de que, en contra de la normativa comunitaria, España sigue adjudicando las explotaciones hidráulicas al sector eléctrico sin el debido concurso, de modo que la adjudicación es "discrecional".

Para la Comisión, se trata de un procedimiento que discrimina a las empresas y, además, atenta contra los principios de transparencia y de igualdad de trato, tal y como establece el Tribunal Europeo.

Además, la duración de 75 años prevista por la ley española para el derecho de explotación fortalece considerablemente la posición privilegiada de los actuales titulares de derechos de explotación de las aguas.

España tiene ahora un tiempo para actualizar esta normativa ante la amenaza de que las autoridades comunitarias puedan recurrir ante los tribunales.