El órgano europeo señaló que "un Estado miembro que privatice una sociedad y que ejerza los poderes que le confieren su posición de accionariado de control, podría conllevar a la limitación de determinadas condiciones, en concreto, el límite en la participación de las sociedades públicas en el capital de la sociedad privada".

La CE señala ue la sociedad privatizada debe cumplir el tiempo necesario para la realización de sus objetivos, y no debe dejar ningún margen de interpretación a la administración responsable.

Asimismo, la CE continuará "aplicando las normas del Tratado relativas a las prácticas comerciales restrictivas y al abuso de posición dominante, a las medidas que restinjan y distorsionen la competencia en el mercado de aprovisionamientos o que crean una discriminación en materia de acceso a las redes, a examinar las ayudas el Estado a las sociedades del gas y electricidad, y a aplicar las normas de competencia a las medidas que limitan la libertad de los consumidores para elegir sus abastecedores.

Esta serie de medidas surgen como consecuencia de las limitaciones que algunos países ponen a la entrada de capital extranjero, público o privado. Este es el caso de España, con la suspensión cautelar de la entrada de Electricidade do Portugal (EDP), con capital público, en el accionariado de Hidrocantábrico.