Además de España, la Comisión Europea enviará cartas de infracción a las autoridades de Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Grecia, Italia, Irlanda y Portugal.

El origen de la actuación se encuentra en el incumplimiento de la normativa comunitaia que obliga a los estados miembros a informar periódicamente sobre la trasposición de las directivas comunitarias a las legislaciones nacionales.

La Comisión considera que este incumplimiento afecta a los ciudadanos europeos, que tienen el derecho a recibir esa información.